El propósito del taller era claro: explorar alternativas que reconozcan la dignidad humana y que sean proporcionales. Por eso, durante mi intervención afirmé que es momento de cuestionar enfoques tradicionales y abrirnos a nuevas perspectivas que prioricen la reinserción, el tratamiento y la prevención por encima del castigo.

Esto implica que debemos resistir las tentaciones del populismo penal y punitivo. Esta inclinación, que busca respuestas rápidas y severas ante la criminalidad, puede parecer efectiva a corto plazo, pero a menudo pone en riesgo los principios fundamentales del Estado de Derecho y los derechos humanos y replica círculos de violencia.

Esta es una realidad que afecta a todos los países de Iberoamérica, pero en la República Dominicana tiene, si cabe, aún más relevancia, pues prácticamente el 60% de los privados de libertad son preventivos, es decir, están aún a la espera de juicio, de una población de entre 27,000 y 28,000 personas.

Entre estas personas en prisión preventiva hay muchos casos que están por posesión de pequeñas cantidades de drogas ilegales. Sin embargo, la lentitud de los procesos hace que algunos estén hasta dos años presos antes de comparecer ante un juez.

Esta es una herencia de una perspectiva que bordea lo inquisitorio, en atención a la dignidad de las personas, es tiempo de evaluar la razón por la cual la principal medida de coerción sigue siendo la privación de libertad, asumiendo en buen Derecho que, conforme con el principio 15 del Código Procesal Penal, la libertad es la regla y la privación de la misma es la excepción.

Atajar estas situaciones es uno de los objetivos del Programa de Optimización Procesal Penal que hemos impulsado desde el poder judicial en los últimos años, junto al colegio de abogados, la pastoral penitenciaria y el SENASA, entre otras instituciones.

Como parte de esta iniciativa se aprobó un programa de atención a la drogodependencia, incluyendo en los casos que lo ameriten, la puesta en libertad a condición de seguimiento de rehabilitación bajo tratamiento judicial.

De esta forma, en 2022 se procedió a enlistar en el programa a 3,966 personas, principalmente en el Distrito y en este 2024 se tiene planeada la expansión e implementación escalonada del programa en departamentos judiciales seleccionados.

Pero más allá de este programa concreto, es importante construir y promover un marco legal y operativo que responda de manera justa y eficaz a los delitos y que, a la vez, respete los derechos humanos, promueva la rehabilitación y la reintegración.

Por eso ha sido un placer participar en esta jornada en Barcelona, porque es un paso adelante en la construcción de un pacto regional para la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Confío en que en los próximos años esto se concrete a través del desarrollo y la adopción en los países miembros de la CJI de estándares básicos que promuevan un enfoque más humano y justo en la gestión de los delitos menores de drogas.  

La comisión que representó al Poder Judicial dominicano en este encuentro también contó con la magistrada María Garabito, Jueza de la Sala Penal de la SCJ; Modesto Martínez, integrante del Consejo del Poder Judicial; Rafael A. Báez, Juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Esmirna Gisselle Méndez, jueza presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; y Kenya Romero, Jueza Coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

En el taller participaron además Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB); Irene Cara, responsable del equipo de Administración Pública y Asuntos Sociales de la FIIAPP; Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador general de la Asociación Iberoamericana de Defensorías Públicas (AIDEF); Luis Arocena, Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); así como autoridades estatales, representantes de COPO-LAD, la Unión Europea y juezas y jueces de los diferentes países.

La visita se realiza en medio del proceso de la transformación que desarrolla el Poder Judicial dominicano y la implementación de la ley de uso de medios digitales, con el objetivo de brindar mayor acceso a la población y con la intención de aprovechar la gran capacidad de procesamiento de datos de la supercomputadora para generar un acuerdo con la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).  

La ENJ imparte la Catedra de Innovación Jorge Subero Isa y cuenta con el Laboratorio de Innovación para la Justicia, dirigidos a fomentar el intercambio entre jueces(zas), servidores(as) judiciales, la academia, la sociedad civil y los sectores público y privado, con el propósito de innovar para mejorar la justicia, crear nuevos servicios y generar conocimiento en la profesión del derecho. 

Con la firma de este acuerdo a través de la ENJ, se pretende también aprovechar la experiencia del centro de investigación europeo, apoyada en la tecnología de vanguardia para impulsar en el país la investigación científica, tecnológica y potenciar el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de la justicia y el impacto de ésta en los diversos sectores productivos. 

La capacidad del equipo permite realizar simulaciones complejas y procesar grandes volúmenes de datos, apoyando a la comunidad científica europea e internacional en la resolución de problemas tecnológicos avanzados.  

El Poder Judicial dominicano, dentro de su proceso de trasformación digital, impulsó la Ley de Uso de Medios Digitales, lo que ha permitido poner al servicio de los usuarios (as) la Plataforma de Acceso Digital, para realizar trámites en línea, solicitudes, depósitos de documentos y escritos de conclusiones, así como hacer consultas y otras actuaciones durante las 24 horas al día.    

También la implementación de la firma digital, la digitalización de expedientes y la realización audiencias virtuales en los tribunales de primera instancia civil y comercial del Distrito Nacional y La Vega, luego se extenderán a todos los departamentos judiciales del país. 

En representación del BSC, acompañaron al juez presidente, Sergi Girona, director de operaciones; Albert Cañigueral, de coordinación y desarrollo de Inteligencia Artificial; Sarah Hernández Ortega, de innovación y desarrollo de negocio.   

Barcelona Supercomputing Center 

El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) es una institución líder a nivel mundial en el campo de la computación de alto rendimiento.  Con más de 1000 colaboradores, la mayor parte de los cuales son investigadores repartidos en cuatro departamentos científicos: Ciencias de la Computación, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y Aplicaciones Computacionales para Ciencia e Ingeniería. 

El nuevo supercomputador europeo MareNostrum 5, una de las máquinas más completas y versátiles al servicio de la comunidad científica y la única con dos sistemas en la lista de los 20 supercomputadores más potentes en el mundo (actualmente ocupa el octavo lugar). Cuenta con un rendimiento total máximo de 314 petaflops, lo que equivale a la capacidad de realizar hasta 314.000 billones de cálculos por segundo.  

Molina se expresó en esos términos al participar en su condición de secretario general pro tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana en el taller regional Hacia la humanización de la política criminal y penitenciaria frente a delitos menores de drogas: un camino hacia la proporcionalidad y alternatividad penal, que se celebra los días 24 y 25 de junio en Barcelona, España. 

El evento es organizado por el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (COPOLAD) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). 

“Hoy, nos reunimos con un propósito claro: explorar alternativas que reconozcan la dignidad humana y que sean proporcionales. Es momento de cuestionar enfoques tradicionales y abrirnos a nuevas perspectivas que prioricen la reinserción, el tratamiento y la prevención por encima del castigo”, insistió Henry Molina. 

Al agotar un turno en el conversatorio sobre Perspectivas integradas para la Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria en Iberoamérica, Molina sugirió construir y promover un marco legal y operativo que responda de manera justa y eficaz a los delitos y que, a la vez, respete los derechos humanos, promueva la rehabilitación y la reintegración, ante lo que calificó como el populismo punitivo. 

“Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del populismo penal y punitivo. Esta inclinación, que busca respuestas rápidas y severas ante la criminalidad, puede parecer efectiva a corto plazo, pero a menudo pone en riesgo los principios fundamentales del Estado de Derecho y los derechos humanos y replica círculos de violencia”, enfatizó Henry Molina. 

La comisión que representa al Poder Judicial dominicano en este encuentro la completa la magistrada María Garabito, Jueza de la Sala Penal de la SCJ; Modesto Martínez, integrante del Consejo del Poder Judicial; y Rafael A. Báez, Juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien abordó el tema “Principios y Estándares para la Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria: Hacia un Pacto Regional”. 

También Esmirna Gisselle Méndez, jueza presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, quien disertará este mastes con el tema “Contribuciones COPOLAD en el camino hacia la Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria”; y Kenya Romero, Jueza Coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, quien expondrá sobre “Perspectivas Integradas para la Humanización de la Política Criminal y Penitenciaria en Iberoamérica”. 

El taller 

Del taller se espera la construcción de un pacto regional para la humanización de la política criminal y penitenciaria, concretado a través del desarrollo y la adopción de estándares básicos que promuevan un enfoque más humano y justo en la gestión de los delitos menores de drogas.  

La actividad reunió a actores clave del sistema judicial y penitenciario, incluidos ministerios de justicia, fiscalías, defensas públicas y poderes judiciales de España, Argentina, Colombia Paraguay, Costa Rica, Brasil y República Dominicana; así como organismos regionales e internacionales, con la intención de fomentar un diálogo constructivo y colaborativo que permita la elaboración de políticas criminales más equitativas y efectivas. 

En el taller participaron Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB); Irene Cara, responsable del equipo de Administración Pública y Asuntos Sociales de la FIIAPP; Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador general de la Asociación Iberoamericana de Defensorías Públicas (AIDEF); Luis Arocena, Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); así como autoridades estatales, representantes de COPO-LAD, la Unión Europea y juezas y jueces de los diferentes países. 

En la apertura, conversamos sobre la necesidad de desarrollar una perspectiva humanizada y efectiva, fomentando una comunicación clara y abierta con la sociedad. Se destacó la importancia de abrir una agenda de consensos a nivel regional, involucrando a las figuras más influyentes de cada una de las cinco regiones, asegurando así una representación equitativa y una mayor integración de esfuerzos para mejorar la justicia.

Durante la jornada, se reflexionó sobre los logros alcanzados desde la implementación del plan estratégico Visión Justicia 2020-2024, que ha guiado al Poder Judicial en su camino hacia una justicia más eficiente, accesible y transparente. A pesar de los desafíos imprevistos, como la pandemia, el plan ha demostrado su resiliencia y capacidad de adaptación, logrando avances significativos en áreas críticas como la reducción de la mora y la implementación de la firma digital. También en atención a las necesidades de acceso y la mejora de la transparencia y la integridad.

Los participantes, parte de los líderes de la gestión transformadora, dedicaron tiempo a analizar los avances logrados, identificar los problemas enfrentados y definir los próximos pasos. Se reconoció que, aunque se ha avanzado mucho, aún queda un largo camino por recorrer para consolidar estos esfuerzos y seguir creciendo hacia una justicia del futuro.

La cohesión del equipo y la flexibilidad ante los cambios fueron destacados como elementos cruciales para enfrentar los desafíos venideros. Se enfatizó la importancia de las habilidades blandas y la capacidad de mantener la calma bajo presión para superar cualquier obstáculo.

Este encuentro no solo permitió revisar el camino recorrido, sino también escuchar y compartir opiniones y sugerencias, fortaleciendo la red de colaboración entre los miembros del Poder Judicial. Con metas ambiciosas y un compromiso inquebrantable, el Poder Judicial se encamina a cumplir su misión de ofrecer una justicia al día, garantizando la dignidad de las personas y construyendo juntos un futuro justo para todos.

La jornada concluyó con un llamado a la acción, invitando a todos los presentes a seguir trabajando con dedicación y compromiso, conscientes de la importancia de su labor y su impacto en la sociedad. Este encuentro es un paso más hacia una justicia más integrada, eficiente y confiable. Una justicia del futuro para un futuro más justo.

Molina hizo la afirmación durante la reunión ordinaria del CJCC que se celebra en Panamá del 20 al 21 de junio, espacio donde realizó el traspaso de la presidencia pro tempore del CJCC que ostentó República Dominicana durante el período 2023-2024 a la presidenta del Órgano Judicial de Panamá, María Eugenia López. 

“Han sido doce meses de trabajo para fortalecer nuestra agenda común, potenciar la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y la colaboración entre los Poderes Judiciales de nuestras naciones”, manifestó. 

Al presentar las memorias de gestión, Molina señaló como los principales logros la proclama para la eliminación de la mora judicial en los países de Centroamérica y el Caribe; la elaboración del Plan Estratégico del CJCC, con el cual se traza una ruta para la continuidad y sostenibilidad a los planes de trabajo; y la creación de la Red de Comunicadores de ese órgano regional, para fortalecer la transparencia y la imagen institucional. 

Igualmente se trabajó en la elaboración de diagnósticos sobre las causas de la mora judicial; las guías de buenas prácticas de transformación digital y de aplicación de métodos alternativos de resolución de conflictos. 

Otros logros de relevancia fueron la adhesión del CJCC a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y la formalización del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Real Academia de la Lengua Española. 

“Este esfuerzo ha sido una aportación para extender regionalmente la máxima meta que tenemos: lograr una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Trabajaremos para avanzar en el camino hacia una justicia más eficiente, accesible y confiable, que pone a las personas en el centro de su accionar. La justicia del futuro”, enfatizó Henry Molina 

De su lado, la presidenta del Órgano Judicial de Panamá agradeció la presencia del Poder Judicial de la República Dominicana y felicitó al magistrado Henry Molina por la forma ejemplar en que dirigió ese órgano, de manera coordinada, abierta, impecable y sobre todo accesible junto a los integrantes y miembros observadores. 

“Me siento agradecida por la deferencia y honor conferido al Órgano Judicial de Panamá para presidir tan digno y distinguido cargo, como lo es la presidencia pro tempore del CJCC para el período 2024-2025, lo cual asumimos con responsabilidad, dignidad, entusiasmo y el compromiso que demanda este organismo integrador de las máximas autoridades judiciales de Centro América y el Caribe”, sostuvo la magistrada López. 

Durante el acto participaron además Rebeca Lizette Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y Secretaría Permanente del CJCC; Maite Oronoz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Orlando Aguirre, presidente del Tribunal Supremo de Costa Rica; Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, así como magistrados representantes de los jueces presidentes de las Cortes Supremas de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, entre otros invitados especiales. 

Por parte del Poder Judicial de la República Dominicana estuvieron presentes el magistrado Francisco Antonio Jerez, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; la consejera Octavia Fernández y la doctora Gervasia Valenzuela, directora General Técnica de la institución.  

CJCC 

El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) es el organismo encargado de integrar políticas judiciales y de seguridad jurídica entre los Poderes Judiciales que lo integran, mediante el establecimiento de canales permanentes de coordinación y la adopción de compromisos institucionales que permitan desarrollar los procesos adecuados para potenciar la institucionalidad y fomentar la cooperación. 

Para acceder a las memorias de gestión dirigirse al siguiente enlace: https://consejojudicialcc.org/resultados/ 

El taller fue encabezado por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, quien destacó el avance en las tres metas marcadas por la institución: 0% mora, 100% acceso y 100% transparencia, entre los que destacó la eliminación de la mora en la SCJ o la implementación de la firma digital en todo el Poder Judicial.

Al pronunciar las palabras centrales ante los(as) integrantes de las mesas de trabajo que agruparon a jueces y juezas de la SCJ, consejeros del Poder Judicial, coordinadores (as) departamentales, directores generales y gerentes, Molina señaló también que “aunque hemos logrado mucho, somos conscientes de que queda mucho por hacer. Especialmente si queremos que este proceso no solo se consolide, sino que siga creciendo de manera exponencial hasta colocarnos definitivamente a la vanguardia institucional, hasta que podamos decir realmente que nuestro país ha entrado en la justicia del futuro”.

El juez presiente de la SCJ enfatizó que cada una de las más de siete mil personas que conforman el Poder Judicial son piezas imprescindibles de la transformación que está en marcha: “es mucho lo que nos une y lo que nos mueve en la misma dirección, porque el éxito de esta transformación no será individual ni parcial. Solo será éxito si es de todos, para todos y con todos”, concluyó.

Así quedó demostrado en una jornada en la que todos pudieron participar, aportar ideas y conformar una visión compartida para la justicia del futuro.

El taller

El resumen y presentación de la estrategia que se realiza desde el año 2020 hasta la fecha, sus logros y retos estuvo a cargo del director General de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio.

La mesa de trabajo en tono al eje 0% Mora se enfocó en los alcances del plan operativo, el modelo operativo y Sistema Integral Gestión de la Calidad, la Optimización Procesal Penal y los Mecanismos no Adversariales de Resolución de Conflictos, con la moderación del secretario general de la SCJ, César García Lucas; los magistrados(as) Manuel Suzaña, Kenya Romero y Miguel A. Díaz.

Mientras que el equipo que se ocupó del eje de 100% Acceso trabajó sobre la transformación digital en el Poder Judicial, el modelo de atención, la importancia de una infraestructura digna y accesible y las iniciativas del Registro Inmobiliario. Este grupo de trabajo contó con la moderación de las magistradas Arelis Ricourt y Yadira De Moya.

Asimismo, se presentaron los logros y retos del Registro Inmobiliario y las iniciativas para superarlos, a cargo de Jenny Evelyn Lantigua, Aureliza Zabala, Domingo Frías y Kenny Carolina Marte.

La mesa que trabajó 100% Transparencia tocó los puntos relativos al fortalecimiento de la carrera judicial, el Sistema de Evaluación del Desempeño, provisión de cargos, Escalafón Judicial, Sistema Preventivo y Disciplinario, agenda de participación social nacional e internacional, la implementación de la Política de Comunicación y temas de Escuela Nacional de la Judicatura.

Estos proyectos estuvieron moderados por el magistrado de la SCJ Francisco Ortega Polanco, la consejera Octavia Fernández; así como por los(as) jueces(zas) Juan Aníbal Rodríguez Fernández, Claudio Aníbal Medrano, Martha Díaz Villafaña y Kathy Soler.

Finalmente, se realizó una reunión plenaria donde los grupos de trabajo aportaron sus sugerencias en base a lo abordado durante el taller, cuyas recomendaciones contribuirán a la elaboración del Plan Operativo Anual 2025 del Poder Judicial.

El Poder Judicial debe ser considerado un servicio público esencial, centrado en las personas y en la resolución efectiva de problemas. Para cumplir con esta visión, es imprescindible modernizar y adaptar la organización judicial dominicana. Uno de los primeros pasos necesarios es la reorganización territorial de los tribunales, teniendo en cuenta la densidad poblacional, la actividad económica y la accesibilidad para los ciudadanos. Una distribución geográfica adecuada puede garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia.

La incorporación de tecnologías de la información y comunicación es otro aspecto vital para la modernización del sistema judicial. Estas herramientas pueden agilizar los procesos judiciales, mejorar la eficiencia operativa y facilitar el acceso a la justicia, haciendo el sistema más transparente y accesible. Desde la implementación de plataformas digitales para la gestión de casos hasta la introducción de herramientas para la resolución de disputas en línea, la tecnología tiene el potencial de transformar la manera en que se administra la justicia.

Además, existe un debate sobre la conveniencia de promover la especialización de los jueces en áreas específicas del derecho frente a la figura del juez con plenitud de jurisdicción (generalista). La especialización puede contribuir a una mayor eficiencia y profundidad en el tratamiento de casos complejos, asegurando decisiones de mayor calidad y precisión. Sin embargo, también es importante mantener un equilibrio que permita a los jueces tener una visión holística del sistema legal y de la jurisprudencia.

El fortalecimiento de la carrera judicial es fundamental para un sistema judicial robusto. Esto implica garantizar la independencia de los jueces, proporcionarles formación continua y mantener su motivación. Un sistema de carrera judicial bien estructurado, con los incentivos adecuados, no solo promueve la profesionalización de los jueces, sino que también asegura que los mejores talentos sean atraídos y retenidos en el sistema judicial.

La participación ciudadana en el diseño y evaluación de las reformas judiciales es crucial. Involucrar a la ciudadanía asegura que las reformas respondan a las necesidades reales de la sociedad y contribuyan a una mayor legitimidad y confianza en el sistema judicial. La retroalimentación y la colaboración con la sociedad civil pueden ofrecer perspectivas valiosas y promover un sistema judicial más inclusivo y representativo. Al fin y al cabo, la justicia es por y para las personas.

Proteger la independencia judicial de amenazas y presiones externas es imperativo para mantener una democracia sólida y un Estado de derecho efectivo. La independencia judicial es la piedra angular de un sistema de justicia imparcial y equitativo. Además, abordar los desafíos éticos con medidas que fortalezcan la integridad y la transparencia es fundamental para mantener la confianza pública. Los jueces deben actuar con los más altos estándares de ética y profesionalismo para garantizar que las decisiones judiciales sean justas y equitativas.

La sobrecarga de trabajo en los tribunales, cuyo resultado es la odiosa mora judicial, es una problemática persistente que debe ser abordada. Soluciones para una distribución más equitativa del trabajo pueden mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia impartida. Esto puede incluir la contratación de más personal judicial, pero también una correcta redistribución de los casos y la implementación de mecanismos de resolución alternativa de disputas.

Finalmente, el debate sobre el financiamiento del sistema judicial, ya sea a través de un modelo estatal o mediante tasas por servicios, debe resolverse de manera que garantice la sostenibilidad, accesibilidad y calidad del servicio de justicia. Un sistema de financiamiento adecuado es crucial para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, independientemente de su situación económica.

Todos estos elementos deben estar integrados en una normativa de la organización judicial que priorice las necesidades del sistema. Las reformas necesarias deben realizarse gradualmente y en diálogo constante con la comunidad jurídica y judicial. Este proceso democrático permitirá fortalecer una visión de justicia adaptada al futuro y al día con las demandas contemporáneas. La modernización del sistema judicial dominicano no es solo una cuestión de estructura, sino de compromiso con un servicio público eficiente, accesible y justo para todos.

Impulsemos juntos la revisión de la organización judicial para fortalecer con ella la transformación judicial en curso. Porque al final todos buscamos lo mismo: una justicia al día que garantice la dignidad de las personas.

El magistrado Henry Molina afirmó que la vida del exjuez de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Antonio Manuel Florencio Estrella (Sombe), es un testimonio de dignidad, vocación y lucha incansable por la justicia.  

Expresó que “el maestro Sombe” realizó una gran contribución a la justicia y democracia de República Dominicana, cuya vasta experiencia, dedicación y capacidad profesional lo convirtieron en un modelo de ejercicio paradigmático para la comunidad jurídica.  

“Esta tarja es un recordatorio de su contribución a la justicia y su defensa de los valores democráticos. Le honramos en vida, porque su trayectoria así lo amerita”, afirmó el juez presidente. 

El magistrado Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial (CPJ), explicó que Florencio Estrella no solo ha sido un respetado y admirado jurista, sino también un maestro del Derecho que forjó a varias generaciones de profesionales.  

“Su legado perdura y permanecerá en la memoria de todos los que han tenido el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado, pero debe serlo también para toda la sociedad en su conjunto, aseguró Henry Molina.   

Al pronunciar unas palabras de agradecimiento, Florencio Estrella destacó vivencias de su ejercicio como profesional y su paso por la cárcel de tortura trujillista denominada la 40, y afirmó que por sus manos nunca pasó un peso que no fuera producto de su trabajo honrado. 

“Yo siempre he creído que el cumplimiento del deber no merece ningún reconocimiento especial, porque si a usted lo nombraron en un puesto fue para que desempeñara esa función honestamente, sin embargo, con el paso del tiempo me fue dando cuenta que observar una conducta seria era no solamente beneficioso para la persona, sino para su comunidad”, afirmó Florencio Estrella. 

Asimismo, expresó que su mayor orgullo es que todos los presidentes de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís fueron sus discípulos, a los que calificó de magistrados honestos. 

De su lado, el Senador por la provincia Hermanas Mirabal, doctor Bautista Rojas Gómez, propulsor de la iniciativa de ley para designar el Palacio de Justicia de esa localidad con el nombre del jurista, desatacó la figura de Florencio Estrella y lo que representa, tanto para Salcedo, como para el país. 

“Y hoy tenemos eternizado el nombre del hombre humilde, del hombre compromiso, del hombre justo, del habitante eterno de la Mella 81, del consejero y oráculo de generaciones”, afirmó Rojas Gómez. 

En el acto, que coincide con la celebración del día mundial del funcionario judicial, también estuvieron presentes los jueces de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo y Francisco A. Ortega Polanco; el alcalde del Municipio de Salcedo, Juan Ramón Hernández y la fiscal de La Vega, Yesica Ramírez; mientras que el homenajeado estuvo acompañado de su esposa Indiana Félix de Florencio, y sus hijos Guillermo y Nichdali Florencio. Asimismo, jueces y juezas del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, funcionarios (as) judiciales. 

Exjuez Antonio Manuel Florencio Estrella 

El doctor Antonio Manuel Florencio Estrella nació el 25 de abril de 1930 en Salcedo. Egresado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como doctor en Derecho con honores académicos cum laude. 

Fue víctima de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) por luchar por la democracia, siendo apresado por miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y conducido a la cárcel de la 40 la madrugada del 1ro. de febrero de 1960, justo el día antes de la lectura de la Carta Pastoral donde la Iglesia exigía el respeto por la vida de los presos políticos. 

Fue miembro del Movimiento Revolucionario 14 de junio. Desde 1962 Florencio Estrella ocupó importantes cargos en la judicatura nacional, desempeñándose como fiscal, juez de instrucción, de primera instancia y por más de tres décadas como juez de la Corte de Apelación de la Provincia Duarte, cuya biblioteca lleva su nombre como un homenaje a su trayectoria intachable.  

El doctor Florencio Estrella es un ejemplo para la judicatura dominicana ya que ejerció su profesión con dignidad y vocación. En marzo de 2021 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le rindió homenaje en la XXlll juramentación de abogados (as). 

Es por eso que la independencia judicial es una necesidad concreta del sistema, su piedra angular. En este, cada jueza, cada juez, cada tribunal, debe tener la capacidad de actuar como garante de los derechos fundamentales, asegurando la equidad y la imparcialidad que determinan las reglas del Estado de derecho. Es parte esencial del rol regulador de la realidad social del Poder Judicial en torno a su naturaleza constitucional. 

Pero, además, se trata de un rol de empatía ante las personas, pues sin Estado de derecho todos seríamos víctimas potenciales. 

Por eso, es prudente hacer un llamado a las juezas y jueces, a los auxiliares de la justicia y a toda la comunidad jurídica, a reafirmar la fe en nuestra institucionalidad democrática.

En este contexto, es crucial que nuestras políticas y prácticas no solo busquen la eficiencia en la persecución del delito, sino que también fortalezcan los derechos de las partes. Pues solamente en el marco de su protección es posible la justicia.

Mantener siempre conciencia de la condición de tercero imparcial que el Estado confiere a la justicia es esencial para mantener la confianza pública en nuestras instituciones.

Y, a su vez, esa confianza es crucial para fortalecer el rol de los jueces y su misión en la correcta aplicación del Derecho, como espacio donde se asiste en igualdad de condiciones en procura de la resolución de conflictos.

Este es el momento para reflexionar sobre nuestras responsabilidades y para reafirmar nuestro compromiso con un sistema de justicia que sea verdaderamente digno  y que dignifique las garantías personales. 

Recordar nuestro compromiso común con los valores más elevados de justicia y que el sistema no sea solo justo en teoría, sino que se consagre a su misión en la práctica diaria.

Además, en esa labor de proyección institucional también hay momentos de satisfacción personal y profesional, como el que supuso coincidir recientemente con el juez Richard Wagner. Una figura emblemática del sistema judicial canadiense y actual presidente de su tribunal supremo.

En su trayectoria ha sido notable su concepción de la justicia como un servicio básico de toda sociedad. Y es que, aunque pocas veces es vista como tal, la justicia es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y su acceso debe ser considerado un servicio vital, pues el derecho a un juicio justo y la capacidad de buscar reparación ante las injusticias son esenciales para mantener la confianza pública en el sistema legal y garantizar la estabilidad social.

Por estos motivos, el juez Richard Wagner, ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a asesoramiento legal y a los tribunales.

Wagner ha señalado que la justicia no debe ser vista como un lujo, sino como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado.

Cuando las personas no pueden acceder a la justicia y recibir un servicio adecuado, esto puede resultar en una erosión del estado de Derecho, que termina deslegitimando las instituciones. Esta situación suele perjudicar especialmente a comunidades vulnerables, donde la falta de acceso a la justicia puede perpetuar ciclos de exclusión.

Por eso es necesario tratar el acceso a la justicia pronta y oportuna como un imperativo social. No se trata solo de ofrecer servicios legales gratuitos o asequibles, sino de transformar el sistema para que sea más accesible y comprensible para todos.

Esto incluye simplificar procedimientos legales, aumentar la financiación para la asistencia legal y promover la educación legal pública. Derribando barreras de acceso, como la comprensión, se fortalece la confianza en el sistema judicial en su conjunto.

Hay también una dimensión económica de la concepción de la justicia como un servicio vital. Pues, cuando las personas no pueden resolver sus disputas de manera justa y eficiente, toda la sociedad paga el precio.

La ineficacia en la resolución de conflictos puede llevar a una menor productividad, mayores costos sociales y una mayor carga para los sistemas de justicia penal. En este sentido, el acceso a la justicia es también una cuestión de eficiencia económica estatal y bienestar para la sociedad.

Cada día cuenta y es una realidad que la República Dominicana ha empezado a ver a la Justicia como ese servicio vital que señala el juez Wagner. El propio presidente de la República, Luis Abinader, lo ha reconocido en sus palabras ante la Conferencia del Poder Judicial del pasado mes de abril.

Es, en definitiva, un placer encontrarse con profesionales que, cada uno desde su posición y desde su país, comparten con nosotros el objetivo de alcanzar una justicia abierta, centrada en las personas, eficiente, oportuna, íntegra y transparente.