El propósito del taller era claro: explorar alternativas que reconozcan la dignidad humana y que sean proporcionales. Por eso, durante mi intervención afirmé que es momento de cuestionar enfoques tradicionales y abrirnos a nuevas perspectivas que prioricen la reinserción, el tratamiento y la prevención por encima del castigo.

Esto implica que debemos resistir las tentaciones del populismo penal y punitivo. Esta inclinación, que busca respuestas rápidas y severas ante la criminalidad, puede parecer efectiva a corto plazo, pero a menudo pone en riesgo los principios fundamentales del Estado de Derecho y los derechos humanos y replica círculos de violencia.

Esta es una realidad que afecta a todos los países de Iberoamérica, pero en la República Dominicana tiene, si cabe, aún más relevancia, pues prácticamente el 60% de los privados de libertad son preventivos, es decir, están aún a la espera de juicio, de una población de entre 27,000 y 28,000 personas.

Entre estas personas en prisión preventiva hay muchos casos que están por posesión de pequeñas cantidades de drogas ilegales. Sin embargo, la lentitud de los procesos hace que algunos estén hasta dos años presos antes de comparecer ante un juez.

Esta es una herencia de una perspectiva que bordea lo inquisitorio, en atención a la dignidad de las personas, es tiempo de evaluar la razón por la cual la principal medida de coerción sigue siendo la privación de libertad, asumiendo en buen Derecho que, conforme con el principio 15 del Código Procesal Penal, la libertad es la regla y la privación de la misma es la excepción.

Atajar estas situaciones es uno de los objetivos del Programa de Optimización Procesal Penal que hemos impulsado desde el poder judicial en los últimos años, junto al colegio de abogados, la pastoral penitenciaria y el SENASA, entre otras instituciones.

Como parte de esta iniciativa se aprobó un programa de atención a la drogodependencia, incluyendo en los casos que lo ameriten, la puesta en libertad a condición de seguimiento de rehabilitación bajo tratamiento judicial.

De esta forma, en 2022 se procedió a enlistar en el programa a 3,966 personas, principalmente en el Distrito y en este 2024 se tiene planeada la expansión e implementación escalonada del programa en departamentos judiciales seleccionados.

Pero más allá de este programa concreto, es importante construir y promover un marco legal y operativo que responda de manera justa y eficaz a los delitos y que, a la vez, respete los derechos humanos, promueva la rehabilitación y la reintegración.

Por eso ha sido un placer participar en esta jornada en Barcelona, porque es un paso adelante en la construcción de un pacto regional para la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Confío en que en los próximos años esto se concrete a través del desarrollo y la adopción en los países miembros de la CJI de estándares básicos que promuevan un enfoque más humano y justo en la gestión de los delitos menores de drogas.  

La comisión que representó al Poder Judicial dominicano en este encuentro también contó con la magistrada María Garabito, Jueza de la Sala Penal de la SCJ; Modesto Martínez, integrante del Consejo del Poder Judicial; Rafael A. Báez, Juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Esmirna Gisselle Méndez, jueza presidente del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; y Kenya Romero, Jueza Coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

En el taller participaron además Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB); Irene Cara, responsable del equipo de Administración Pública y Asuntos Sociales de la FIIAPP; Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador general de la Asociación Iberoamericana de Defensorías Públicas (AIDEF); Luis Arocena, Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); así como autoridades estatales, representantes de COPO-LAD, la Unión Europea y juezas y jueces de los diferentes países.

En la apertura, conversamos sobre la necesidad de desarrollar una perspectiva humanizada y efectiva, fomentando una comunicación clara y abierta con la sociedad. Se destacó la importancia de abrir una agenda de consensos a nivel regional, involucrando a las figuras más influyentes de cada una de las cinco regiones, asegurando así una representación equitativa y una mayor integración de esfuerzos para mejorar la justicia.

Durante la jornada, se reflexionó sobre los logros alcanzados desde la implementación del plan estratégico Visión Justicia 2020-2024, que ha guiado al Poder Judicial en su camino hacia una justicia más eficiente, accesible y transparente. A pesar de los desafíos imprevistos, como la pandemia, el plan ha demostrado su resiliencia y capacidad de adaptación, logrando avances significativos en áreas críticas como la reducción de la mora y la implementación de la firma digital. También en atención a las necesidades de acceso y la mejora de la transparencia y la integridad.

Los participantes, parte de los líderes de la gestión transformadora, dedicaron tiempo a analizar los avances logrados, identificar los problemas enfrentados y definir los próximos pasos. Se reconoció que, aunque se ha avanzado mucho, aún queda un largo camino por recorrer para consolidar estos esfuerzos y seguir creciendo hacia una justicia del futuro.

La cohesión del equipo y la flexibilidad ante los cambios fueron destacados como elementos cruciales para enfrentar los desafíos venideros. Se enfatizó la importancia de las habilidades blandas y la capacidad de mantener la calma bajo presión para superar cualquier obstáculo.

Este encuentro no solo permitió revisar el camino recorrido, sino también escuchar y compartir opiniones y sugerencias, fortaleciendo la red de colaboración entre los miembros del Poder Judicial. Con metas ambiciosas y un compromiso inquebrantable, el Poder Judicial se encamina a cumplir su misión de ofrecer una justicia al día, garantizando la dignidad de las personas y construyendo juntos un futuro justo para todos.

La jornada concluyó con un llamado a la acción, invitando a todos los presentes a seguir trabajando con dedicación y compromiso, conscientes de la importancia de su labor y su impacto en la sociedad. Este encuentro es un paso más hacia una justicia más integrada, eficiente y confiable. Una justicia del futuro para un futuro más justo.

El Poder Judicial debe ser considerado un servicio público esencial, centrado en las personas y en la resolución efectiva de problemas. Para cumplir con esta visión, es imprescindible modernizar y adaptar la organización judicial dominicana. Uno de los primeros pasos necesarios es la reorganización territorial de los tribunales, teniendo en cuenta la densidad poblacional, la actividad económica y la accesibilidad para los ciudadanos. Una distribución geográfica adecuada puede garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia.

La incorporación de tecnologías de la información y comunicación es otro aspecto vital para la modernización del sistema judicial. Estas herramientas pueden agilizar los procesos judiciales, mejorar la eficiencia operativa y facilitar el acceso a la justicia, haciendo el sistema más transparente y accesible. Desde la implementación de plataformas digitales para la gestión de casos hasta la introducción de herramientas para la resolución de disputas en línea, la tecnología tiene el potencial de transformar la manera en que se administra la justicia.

Además, existe un debate sobre la conveniencia de promover la especialización de los jueces en áreas específicas del derecho frente a la figura del juez con plenitud de jurisdicción (generalista). La especialización puede contribuir a una mayor eficiencia y profundidad en el tratamiento de casos complejos, asegurando decisiones de mayor calidad y precisión. Sin embargo, también es importante mantener un equilibrio que permita a los jueces tener una visión holística del sistema legal y de la jurisprudencia.

El fortalecimiento de la carrera judicial es fundamental para un sistema judicial robusto. Esto implica garantizar la independencia de los jueces, proporcionarles formación continua y mantener su motivación. Un sistema de carrera judicial bien estructurado, con los incentivos adecuados, no solo promueve la profesionalización de los jueces, sino que también asegura que los mejores talentos sean atraídos y retenidos en el sistema judicial.

La participación ciudadana en el diseño y evaluación de las reformas judiciales es crucial. Involucrar a la ciudadanía asegura que las reformas respondan a las necesidades reales de la sociedad y contribuyan a una mayor legitimidad y confianza en el sistema judicial. La retroalimentación y la colaboración con la sociedad civil pueden ofrecer perspectivas valiosas y promover un sistema judicial más inclusivo y representativo. Al fin y al cabo, la justicia es por y para las personas.

Proteger la independencia judicial de amenazas y presiones externas es imperativo para mantener una democracia sólida y un Estado de derecho efectivo. La independencia judicial es la piedra angular de un sistema de justicia imparcial y equitativo. Además, abordar los desafíos éticos con medidas que fortalezcan la integridad y la transparencia es fundamental para mantener la confianza pública. Los jueces deben actuar con los más altos estándares de ética y profesionalismo para garantizar que las decisiones judiciales sean justas y equitativas.

La sobrecarga de trabajo en los tribunales, cuyo resultado es la odiosa mora judicial, es una problemática persistente que debe ser abordada. Soluciones para una distribución más equitativa del trabajo pueden mejorar la eficiencia y la calidad de la justicia impartida. Esto puede incluir la contratación de más personal judicial, pero también una correcta redistribución de los casos y la implementación de mecanismos de resolución alternativa de disputas.

Finalmente, el debate sobre el financiamiento del sistema judicial, ya sea a través de un modelo estatal o mediante tasas por servicios, debe resolverse de manera que garantice la sostenibilidad, accesibilidad y calidad del servicio de justicia. Un sistema de financiamiento adecuado es crucial para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia, independientemente de su situación económica.

Todos estos elementos deben estar integrados en una normativa de la organización judicial que priorice las necesidades del sistema. Las reformas necesarias deben realizarse gradualmente y en diálogo constante con la comunidad jurídica y judicial. Este proceso democrático permitirá fortalecer una visión de justicia adaptada al futuro y al día con las demandas contemporáneas. La modernización del sistema judicial dominicano no es solo una cuestión de estructura, sino de compromiso con un servicio público eficiente, accesible y justo para todos.

Impulsemos juntos la revisión de la organización judicial para fortalecer con ella la transformación judicial en curso. Porque al final todos buscamos lo mismo: una justicia al día que garantice la dignidad de las personas.

Es por eso que la independencia judicial es una necesidad concreta del sistema, su piedra angular. En este, cada jueza, cada juez, cada tribunal, debe tener la capacidad de actuar como garante de los derechos fundamentales, asegurando la equidad y la imparcialidad que determinan las reglas del Estado de derecho. Es parte esencial del rol regulador de la realidad social del Poder Judicial en torno a su naturaleza constitucional. 

Pero, además, se trata de un rol de empatía ante las personas, pues sin Estado de derecho todos seríamos víctimas potenciales. 

Por eso, es prudente hacer un llamado a las juezas y jueces, a los auxiliares de la justicia y a toda la comunidad jurídica, a reafirmar la fe en nuestra institucionalidad democrática.

En este contexto, es crucial que nuestras políticas y prácticas no solo busquen la eficiencia en la persecución del delito, sino que también fortalezcan los derechos de las partes. Pues solamente en el marco de su protección es posible la justicia.

Mantener siempre conciencia de la condición de tercero imparcial que el Estado confiere a la justicia es esencial para mantener la confianza pública en nuestras instituciones.

Y, a su vez, esa confianza es crucial para fortalecer el rol de los jueces y su misión en la correcta aplicación del Derecho, como espacio donde se asiste en igualdad de condiciones en procura de la resolución de conflictos.

Este es el momento para reflexionar sobre nuestras responsabilidades y para reafirmar nuestro compromiso con un sistema de justicia que sea verdaderamente digno  y que dignifique las garantías personales. 

Recordar nuestro compromiso común con los valores más elevados de justicia y que el sistema no sea solo justo en teoría, sino que se consagre a su misión en la práctica diaria.

Además, en esa labor de proyección institucional también hay momentos de satisfacción personal y profesional, como el que supuso coincidir recientemente con el juez Richard Wagner. Una figura emblemática del sistema judicial canadiense y actual presidente de su tribunal supremo.

En su trayectoria ha sido notable su concepción de la justicia como un servicio básico de toda sociedad. Y es que, aunque pocas veces es vista como tal, la justicia es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y su acceso debe ser considerado un servicio vital, pues el derecho a un juicio justo y la capacidad de buscar reparación ante las injusticias son esenciales para mantener la confianza pública en el sistema legal y garantizar la estabilidad social.

Por estos motivos, el juez Richard Wagner, ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a asesoramiento legal y a los tribunales.

Wagner ha señalado que la justicia no debe ser vista como un lujo, sino como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado.

Cuando las personas no pueden acceder a la justicia y recibir un servicio adecuado, esto puede resultar en una erosión del estado de Derecho, que termina deslegitimando las instituciones. Esta situación suele perjudicar especialmente a comunidades vulnerables, donde la falta de acceso a la justicia puede perpetuar ciclos de exclusión.

Por eso es necesario tratar el acceso a la justicia pronta y oportuna como un imperativo social. No se trata solo de ofrecer servicios legales gratuitos o asequibles, sino de transformar el sistema para que sea más accesible y comprensible para todos.

Esto incluye simplificar procedimientos legales, aumentar la financiación para la asistencia legal y promover la educación legal pública. Derribando barreras de acceso, como la comprensión, se fortalece la confianza en el sistema judicial en su conjunto.

Hay también una dimensión económica de la concepción de la justicia como un servicio vital. Pues, cuando las personas no pueden resolver sus disputas de manera justa y eficiente, toda la sociedad paga el precio.

La ineficacia en la resolución de conflictos puede llevar a una menor productividad, mayores costos sociales y una mayor carga para los sistemas de justicia penal. En este sentido, el acceso a la justicia es también una cuestión de eficiencia económica estatal y bienestar para la sociedad.

Cada día cuenta y es una realidad que la República Dominicana ha empezado a ver a la Justicia como ese servicio vital que señala el juez Wagner. El propio presidente de la República, Luis Abinader, lo ha reconocido en sus palabras ante la Conferencia del Poder Judicial del pasado mes de abril.

Es, en definitiva, un placer encontrarse con profesionales que, cada uno desde su posición y desde su país, comparten con nosotros el objetivo de alcanzar una justicia abierta, centrada en las personas, eficiente, oportuna, íntegra y transparente.

Es necesario reconocer que, uno de los principales obstáculos que la justicia dominicana ha enfrentado para atajar la mora o retardo es que, históricamente, ha sido un sistema especialmente y excesivamente litigioso.

Históricamente, se ha permitido el depósito temerario de recursos con el único fin de mantener en estado de suspensión la ejecución de sentencias emitidas por los tribunales y cortes. Recurrir un caso temerariamente no solo no tenía consecuencias, sino que una sentencia recurrida no se podía ejecutar.

Era, en definitiva, un sistema que incentivaba la parálisis, permitiendo que cualquiera de las partes litigara su caso en todas las instancias posibles hasta la Suprema Corte. Perjudicando el fin último del acceso a la justicia, que las partes pudieran recibir una decisión que solucionara el conflicto. La mora, ya lo hemos dicho, era una enfermedad que afectaba el cuerpo judicial, pero sobre todo vulneraba el derecho de las personas a recibir justicia.

Producto de esta práctica había tantos casos acumulados en la Suprema Corte de Justicia. La cantidad de 9,170.  Algunas personas llegaron incluso a declarar que sería necesario tener 25 o 30 jueces en la Suprema Corte de Justicia, para reducir dicho volumen de casos. Sin embargo, no fue necesario nada parecido.

Además de la estructuración de planes que racionalizaran el abordaje a la carga judicial, el Poder Judicial entabló un constructivo diálogo con el Senado y la Cámara de Diputados. El objetivo era lograr un gran avance que permitiera aplacar la mora, gracias a la aprobación de la Ley no. 2-23 de Casación, promulgada el 17 de enero de 2023.

Con la ley de Casación se ha logrado poner fin a muchas prácticas dilatorias que atascaban los tribunales. Primero, porque delimita claramente lo que se puede y no se puede recurrir, estableciendo sanciones para los que litiguen temerariamente, con penalizaciones de hasta 50 sueldos. Y, segundo, porque la casación establece que lo que han fallado otros tribunales anteriores se puede ejecutar, siempre con un espacio para rectificar.

En concreto, la ley incluye varias innovaciones, como eliminar el auto de emplazamiento, eliminar el efecto suspensivo automático del recurso y restringir la celebración de audiencia a casos excepcionales. Igualmente, solo se solicitará un dictamen de la Procuraduría General de la República para casos excepcionales y su emisión no suspenderá el trámite del recurso.

Los resultados no se han hecho esperar. Desde la aprobación de la ley 2-23, los expedientes en casación, en cumplimiento de los nuevos plazos procesales, deben completarse y ser asignados a una Sala en un plazo no mayor de 37 días, cuando antes transcurrían hasta un año para que las partes completaran sus expedientes. Además, con la Ley 3726, transcurrían 639 días entre el ingreso y el despacho de la decisión sobre un caso. Con la nueva Ley de casación el tiempo promedio se reduce a 131 días.

Adicionalmente, la ley de casación establece de manera clara que las decisiones de la Corte de Casación son fundamentales para mantener la uniformidad en la jurisprudencia nacional. 

Esto sin duda contribuirá a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el control de la legalidad de las decisiones, otorgando mayor transparencia y certeza en el ordenamiento jurídico dominicano.

En definitiva, se está logrando que pasemos de un procedimiento lento y complejo, que genera una carga exorbitante, a un sistema más coherente, con menos flujo de casos en las instancias más altas del sistema.

Por esto, después de algo más de un año de su aprobación, podemos decir con total seguridad que la Ley de Casación es una herramienta clave para lograr nuestro objetivo de mora 0.

Y eso es algo muy importante. Porque algo tan sencillo como no hacer esperar innecesariamente, durante años y años, una resolución judicial es también una condición indispensable para garantizar la dignidad y los derechos de las personas.

Al gran valor que aporta la Ley de Casación en torno a la mora se agrega además otro elemento no menos importante: la habilitación del estudio crítico de la jurisprudencia. Esto así, porque la ley permite el desarrollo de criterios jurisprudenciales que son fundamentales para el rol de regulación del Derecho que tienen los tribunales de alzada.

La ley de casación, por tanto, ha sido un gran acierto que impacta favorablemente en la salud del sistema de justicia.

Realizado con la colaboración técnica del PNUD, esta obra recoge los testimonios de los jueces, las juezas y los servidores judiciales que están liderando este proceso de transformar la justicia para hacerla más eficiente y confiable. Su experiencia directa es un recurso indispensable para analizar los logros y los retos de los últimos años.

Como señala el propio subtítulo del libro, lo que se describe son los primeros pasos de un proyecto en pleno desarrollo. Tanto los autores como los jueces y juezas entrevistados son conscientes de que aún queda mucho por hacer.

Pero ya se ha avanzado mucho en muchos de los proyectos del Poder Judicial, y por tanto la situación ya amerita un análisis, pausado y objetivo, sobre lo avanzado hasta la fecha y los retos que quedan por delante.

De esta forma, en los 9 capítulos del libro se pasa revista a cómo está evolucionando  la cultura del servicio judicial, usando las herramientas digitales para tener una atención más rápida y eficiente, que llegue a todos y todas por igual.

Se examina también cómo los tribunales están usando la ley de casación para eliminar la mora, cómo se está trabajando en modernizar los procesos penales. Así como el papel de la Escuela Nacional de la Judicatura o la modernización del Registro Inmobiliario.

Algunos aspectos tratados serán sin duda de interés principalmente para un público de la comunidad jurídica, al describir cambios organizacionales del poder judicial. Sin embargo, a cualquier ciudadano o ciudadana que quiera conocer lo realizado en los últimos años, así como los planes para los años venideros, le recomiendo que examine el libro “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, donde encontrará las claves del proceso que vive la justicia dominicana.

Una gran fuente para estas herramientas técnicas es el Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés), que desarrolla investigaciones y programas para promover la comprensión y las reglas del Estado de Derecho. 

En concreto,  el Proyecto Mundial de Justicia publica anualmente un estudio exhaustivo sobre el Estado de Derecho en 142 países. 

Al examinar este informe comprobamos que el 72% de los países han vivido una disminución en sus puntajes de Estado de Derecho en los últimos cinco años. Sin embargo, la República Dominicana se destaca como una de las pocas naciones que ha logrado un aumento constante en su índice general, marcando mejoras consecutivas cada año.

Esta mejora fue reconocida por Elizabeth Andersen, Directora Ejecutiva del WJP, durante su intervención, el pasado abril, en la última Conferencia del Poder Judicial en Santo Domingo.  

“El Poder Judicial de la República Dominicana ha emprendido reformas estratégicas para promover una justicia centrada en las personas: una visión de la justicia que sea accesible, transparente, eficiente y de alta calidad, junto con un compromiso con la recolección y utilización de datos a través del Observatorio. Además, se ha unido a la Coalición de Acción por la Justicia, un esfuerzo colaborativo entre países y organizaciones globales dedicado a avanzar en la justicia centrada en las personas”

Por supuesto, subir o bajar en un ranking internacional no es un fin en sí mismo, pero al igual que el Índice de Desarrollo Humano o los rankings PISA en educación, contar con criterios medibles externos puede ser una buena herramienta para que una institución se evalúe a sí misma y entender en qué áreas puede mejorar. 

El informe proporciona una visión general de cómo los ciudadanos perciben y experimentan el Estado de Derecho en la República Dominicana, junto con los hallazgos comparativos en las Antillas Mayores, las Bahamas y las Guayanas. 

Destacan las percepciones positivas en nuestro país respecto a las libertades fundamentales, el aumento de los niveles de confianza en las instituciones y las opiniones relativamente positivas sobre el desempeño del sistema de justicia penal.

Es cierto que también se muestran aspectos que necesitan mejorar. Hay retos en seguridad ciudadana y baja confianza en las prácticas de apoyo a las víctimas. 

Sin embargo, República Dominicana no se ha contagiado de las tendencias negativas al autoritarismo que están en auge en otros países de la región. Tendencias que se muestran en el deterioro de la percepción de las libertades fundamentales, el empeoramiento de las percepciones de la corrupción o el debilitamiento de la confianza en el rendimiento del sistema de justicia penal.

Es igualmente positivo contar con un referente como el Proyecto Mundial de Justicia a la hora de enmarcar nuestros propios objetivos y proyectos, como es el caso del eje estratégico 100% Acceso en el caso del Poder Judicial dominicano. 

De esta forma, nuestro objetivo de eliminar todas las barreras que dificultan que todo dominicano o dominicana acceda a la justicia, se entiende aún mejor al contemplar el contexto mundial.

Como explican los datos del WJP 5.1 mil millones de personas en todo el mundo tienen una necesidad de justicia insatisfecha. Aquellos en la brecha de justicia incluyen 2.1 mil millones de personas empleadas en la economía informal; 1.1 mil millones que son víctimas de delitos no violentos, como robos o hurtos anualmente y no los denuncian; y 1.4 mil millones que tienen necesidades insatisfechas de justicia civil o administrativa.

“En algunos casos, las personas sabían que tenían un problema legal, pero enfrentaron diversas barreras para acceder a la asistencia. Uno de cada seis informó que era difícil o casi imposible encontrar el dinero necesario para resolver su problema”.

Estas son cifras realmente asombrosas, pero por desgracia no podemos decir que nos son ajenas. A pesar de las mejoras registradas en estos mismos informes en los últimos años, sabemos que son demasiados los dominicanos que sufren aún esta “brecha de justicia”. 

En los próximos años continuaremos ampliando el acceso a la justicia del conjunto de la población dominicana. Para ello usaremos tanto la adecuación de sedes físicas como nuevas herramientas digitales que hacen más barato y fácil el acceso. Seguiremos, igualmente, colaborando con el WJP, tomando sus informes e indicadores como un importante referente para orientar nuestros esfuerzos. 

Continuaremos, en definitiva, haciendo lo que está a nuestro alcance para garantizar que nuestro país avance hacia una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas, de todas las personas.

English Version

The Dominican Republic in the Context of the World Justice Project

Transforming Dominican justice and bringing it closer to the people is a task that requires constant effort and a set of appropriate technical tools. 

A great source for these technical tools is the World Justice Project (WJP), which develops research and programs to promote understanding and rules of the rule of law. 

Specifically, the World Justice Project publishes an annual comprehensive study of the rule of law in 142 countries. 

In examining this report, we found that 72% of the countries have experienced a decline in their Rule of Law scores over the past five years. However, the Dominican Republic stands out as one of the few nations that has achieved a steady increase in its overall index, marking consecutive improvements each year.

This improvement was recognized by Elizabeth Andersen, Executive Director of the WJP, during her speech last April at the last Judicial Branch Conference in Santo Domingo.  

"The Judicial Branch of the Dominican Republic has undertaken strategic reforms to promote people-centered justice: a vision of justice that is accessible, transparent, efficient and of high quality, along with a commitment to the collection and use of data through the Observatory. In addition, it has joined the Justice Action Coalition, a collaborative effort among countries and global organizations dedicated to advancing people-centered justice."

Of course, moving up or down in an international ranking is not an end in itself, but like the Human Development Index or the PISA rankings in education, having external measurable criteria can be a good tool for an institution to evaluate itself and understand where it can improve. 

The report provides an overview of how citizens perceive and experience the rule of law in the Dominican Republic, along with comparative findings in the Greater Antilles, the Bahamas and the Guianas. 

Of particular note are the positive perceptions in our country regarding fundamental freedoms, increased levels of trust in institutions, and relatively positive views on the performance of the criminal justice system.

It is true that there are also aspects that need improvement. There are still challenges in citizen security and low confidence in victim support practices. 

However, the Dominican Republic has not been infected by the negative tendencies towards authoritarianism that are on the rise in other countries in the region. These trends are shown in deteriorating perceptions of fundamental freedoms, worsening perceptions of corruption, or weakening confidence in the performance of the criminal justice system.

It is equally positive to have a reference point such as the World Justice Project when framing our own objectives and projects, as is the case of the 100% Access strategic axis in the case of the Dominican Judicial Branch. 

In this way, our objective of eliminating all the barriers that make it difficult for all Dominicans to have access to justice is even better understood when contemplating the global context.

As the WJP data explains, 5.1 billion people worldwide have an unmet need for justice. Those in the justice gap include 2.1 billion people employed in the informal economy; 1.1 billion who are victims of unmet need for justice; 1.1 billion who are victims of crime; and 1.1 billion who are victims of non violent crimes such as robbery or theft annually and do not report them; and 1.4 billion who have unmet civil or administrative justice needs.

"In some cases, people knew they had a legal problem, but faced various barriers to accessing assistance. One in six reported that it was difficult or nearly impossible to find the money needed to resolve their problem."

These are truly staggering figures, but unfortunately we cannot say that they are alien to us. Despite improvements in these same reports in recent years, we know that too many Dominicans still suffer from this "justice gap". 

In the coming years we will continue to expand access to justice for the Dominican population as a whole. To this end, we will use both the adaptation of physical offices and new digital tools that make access cheaper and easier. We will also continue to collaborate with the WJP, taking its reports and indicators as an important reference to guide our efforts. 

We will continue, in short, to do everything in our power to ensure that our country moves towards an up-to-date justice system that guarantees the dignity of people, of all people.

Con la participación de jueces, juezas, servidores judiciales, Ministerio Público, Defensa Pública, funcionarios públicos y actores de la sociedad civil, el sector privado, así como académicos, estudiantes y comunicadores. 

En total, unas 5,000 personas acudieron al evento con el objetivo de evaluar juntos las tendencias, retos, avances y oportunidades de la justicia dominicana y los pasos a seguir para construir la justicia del futuro, para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía. 

Desde su primera edición, celebrada en el año 2000, el magistrado presidente  Dr. Jorge A. Subero Isa concibió la Conferencia como un espacio donde involucrar a todos los actores del sistema de justicia y a la sociedad en su conjunto.  

Ahora, en 2024, hemos vuelto a abrir este diálogo y lo hemos ampliado, gracias a la participación de 137 expositores nacionales e internacionales en 31 paneles y 23 conferencias, en las que pudimos conocer de primera mano las nuevas tendencias en la justicia. 

En sus palabras centrales el presidente de la República, Luis Abinader Corona, destacó la relevancia de la Conferencia del Poder Judicial, al afirmar que "con este encuentro, no solo están creando tejido social en torno a algo tan importante como el futuro de la Justicia. También están realzando el perfil de nuestro país como referente regional en materia de seguridad jurídica y participación social". 

Entre los expositores destacaron, junto a los jueces y juezas del Poder Judicial, el magistrado Napoleón Estévez Lavandier, juez presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana;  Anna Blackburne, jueza presidenta de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia EEUU; Pamela Harris, Administradora del tribunal estatal de Maryland (EEUU); Maite Oronoz, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Jeffrey Apperson, vicepresidente de Relaciones Internacionales Centro Nacional de Tribunales Estatales de Estados Unidos de América. También el juez John Morrissey, presidente de la Corte Distrital de Maryland, Robert Rigsby, del Tribunal Superior del Distrito de Columbia y Elizabeth Andersen, directora ejecutiva de World Justice Project (con quien el Poder Judicial inicia trabajos de gran impacto), entre otros expertos y actores relevantes del sector justicia nacional e internacional.  

Los actos tuvieron lugar en un espacio inmejorable, en lo que será el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, un marco grandioso para este encuentro. La edificación, todavía en construcción, es una muestra palpable de la transformación que está viviendo nuestra justicia. Un nuevo modelo de servicio accesible, oportuno, abierto, transparente y, sobre todo, centrado en las personas.  

Cada una de las tres jornadas que vivimos nos dio la oportunidad de conocer y participar en el diseño de iniciativas y proyectos que guiarán la justicia dominicana en los próximos diez años.  

En el centro estuvieron los ejes centrales de la transformación: 

Los avances logrados en el objetivo "0 mora", que con el impulso de la ley de casación y gracias al esfuerzo de la Suprema Corte ya se convierte en una cultura que abrazan todos los tribunales del país.  

En el objetivo "100% acceso", se presentó el Portal de Acceso Digital del Poder Judicial, que permitirá a los usuarios realizar trámites 24/7 desde cualquier lugar. Esta iniciativa, presente ya en La Vega y Santo Domingo, se irá ampliando progresivamente. 

En torno a "100% transparencia" se presentaron iniciativas como el Observatorio del Poder Judicial, los datos abiertos y la modernización  del sistema de integridad, que están ayudando a crear una cultura más participativa y abierta hacia la ciudadanía.   La propia conferencia es un espacio de apertura en tiempo real del poder judicial, estableciendo nuevos vínculos con la sociedad.

Fueron tres emocionantes e inspiradores días para todos los que buscamos construir la justicia del futuro. Ahora toca volver al trabajo diario y mantener el objetivo claro de poner a las personas en el centro de las instituciones judiciales. Nuestro compromiso es firme con mejorar las capacidades y continuar asumiendo y aplicando las mejores prácticas internacionales, para adaptarlas a nuestro contexto. 

Como señaló la directora ejecutiva del World Justice Project, Elizabeth Andersen, en sus palabras de apertura, tomar un enfoque centrado en las personas para la justicia requiere un cambio importante en la forma en que fortalecemos el sistema de justicia. Y la conferencia ha sido una muestra de que esa transformación se está produciendo.

Vamos a seguir fortaleciendo la ética, la transparencia y la integridad en todos nuestros procedimientos y en nuestro accionar diario. Vamos a eliminar la mora judicial y a integrar la digitalización para ser más eficientes y dar una respuesta oportuna a los usuarios. Vamos a derribar las barreras que obstaculizan el acceso a una justicia abierta y eficiente, para atender las necesidades de todos los sectores de nuestra sociedad.

Construyamos hoy la justicia del futuro, construyamos juntos el servicio de justicia. Felicidades a todas y todos. que merecemos y necesitamos.

En la actualidad, el ritmo acelerado del cambio social, digital y cultural desafía constantemente  los límites de nuestras estructuras legales establecidas. En este contexto, el Estado de Derecho enfrenta diversos desafíos, como el aumento del punitivismo, la amenaza de los autoritarismos, la persistente desigualdad y los flujos migratorios masivos. Por tanto, resulta imperativo realizar una reflexión rigurosa sobre el papel de la justicia y su capacidad de adaptación a estos nuevos escenarios

Es en este contexto que retomamos la actividad de este blog, como un humilde espacio donde reflexionar sobre los cambios que experimenta nuestra sociedad y la interpretación de la ley destinada a regular la convivencia en el seno de la misma.

En esta nueva etapa, con una perspectiva enriquecida por la experiencia y las responsabilidades derivadas de nuestra labor en la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, seguiremos buscando un equilibrio entre la reflexión teórica y la aplicación diaria de la justicia para garantizar la dignidad de las personas.

Sabemos que la ley, en su esencia, busca establecer un marco para los acuerdos basado en el ideal de justicia y en el principio de equidad. Sin embargo, la naturaleza estática de los sistemas legales a menudo choca con los procesos evolutivos y las desigualdades que caracterizan la vida social. En este contexto, los jueces y juezas deben superar su tradicional papel de exégetas legales y desarrollar la habilidad de conectar el rigor legal con la comprensión de una realidad humana y social en constante cambio.

Inspirados en las perspectivas de destacados pensadores como Roscoe Pound, Lawrence M. Friedman, Jürgen Habermas, H. L. A. Hart, Martha Minow y los Estudios Críticos del Derecho, podemos trazar caminos hacia una justicia más adaptativa, alineada con la preservación de la dignidad humana.

Es en esta perspectiva de flexibilidad y adaptación a las dinámicas sociales donde la justicia puede comprender de manera más objetiva y moderna a la sociedad que juzga, cumpliendo así de manera más democrática su propósito de resolver conflictos y mejorando continuamente la convivencia.

Esto implica la existencia de un diseño legislativo más abierto, que permita actualizaciones periódicas y mecanismos de revisión, para garantizar la relevancia del régimen legal y la preservación del espíritu republicano en el que reposa nuestro Estado social democrático de derecho frente a los desafíos emergentes.

La interpretación legal requiere una comprensión profunda de los contextos históricos y culturales, reconociendo que la justicia no opera en el vacío, sino como una evolución hacia la mejora permanente, dentro de un tejido social complejo y diverso. Por tanto, la participación abierta e inclusiva de todos los sectores que conforman una sociedad es fundamental en la concepción y diseño de las leyes.

De igual manera, un sistema judicial transparente y accesible fomenta un ejercicio democrático saludable, donde las voces de la comunidad son escuchadas y valoradas. Esto forma parte de su carácter fundamental ligado a la integridad moral, asegurando que los niveles de transparencia institucional conlleven jueces debidamente informados y guiados por principios éticos universales.

La justicia debe ser sensible a las desigualdades, considerando especialmente el impacto de las decisiones en las poblaciones vulnerables, y trabajando activamente para eliminar las inequidades y barreras de acceso al sistema de justicia.

Es esencial en toda labor judicial reflexionar sobre cómo las desigualdades de poder se reflejan y reproducen muchas veces desde el mismo sistema legal.

Solo manteniendo una vigilancia crítica y colaborativa y trabajando de la mano con otras especialidades de las ciencias sociales, podremos identificar los puntos de inequidad que aún persisten en nuestras prácticas institucionales y orientar los cambios necesarios para alcanzar una justicia genuinamente equitativa.

Este diálogo entre la ley y la vida diaria, mediado por los jueces y juezas, es fundamental y constituye una parte central de la misión del Poder Judicial. Nos desafía a reconsiderar y reimaginar nuestro sistema legal e institucional, ya que no se trata solo de interpretar la ley dentro del marco establecido, sino de adaptar ese marco judicial a la realidad humana en constante cambio, de la cual, de una manera u otra, formamos parte consciente o inconscientemente.

La justicia que evoluciona con nosotros es una justicia que respeta nuestra complejidad y diversidad como seres humanos. En este viaje, los jueces y juezas, lejos de ser meros ejecutores de la ley, somos guardianes de nuestra dignidad humana compartida, garantizando así una sociedad más justa y compasiva.